El contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, desmintió la activación de los artículos 333 y 350 constitucionales por parte algunos voceros de la Mesa de la Unidad Democrática, alegando que dicho acto, en el marco de la legalidad, “no llama a la rebelión, ni a la violencia […] Estos son solo eventos de un grupo de personas que pretende llamar a una rebelión pública”. Así lo declaró este martes el titular de la Contraloría General de la República durante su participación, junto a su equipo técnico-jurídico, en la ponencia La constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que estuvo dirigida a la 45a cohorte de la Maestría en Seguridad de la Nación en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN), en Caracas.

En ese sentido, el Dr. Galindo Ballesteros argumentó: “Los referidos artículos se activan para que la ciudadanía organizada, no el desorden en cada esquina, vele por la vigencia de esa Carta Magna en presencia de un Gobierno de paz. La activación de esos artículos no es para decirle al Gobierno que llegó hasta aquí”.

El contralor general agregó que el encargado de impulsar la activación de los citados artículos constitucionales no tiene legitimidad para hacer dicho llamado: “Y no están dados esos supuestos de que, según reza la Constitución, el pueblo fiel a su tradición democrática, republicana y de paz desconocerá cualquier régimen que contravenga o menoscabe, entre otros factores, los derechos humanos”.

El también miembro del Consejo Moral Republicano insistió en que la activación del 333 y del 350 “es una mentira, y si queremos aclarar esto en un debate sano para el país y para discernir cualquier controversia, hagan caso al llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al diálogo nacional; y como eso no es posible, nos vamos al diálogo de la Asamblea Nacional Constituyente”. A propósito de esta convocatoria realizada por el mandatario nacional, el contralor general de la República recordó que, según las leyes vigentes, “el presidente de la República está autorizado a proponer la iniciativa para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, y es falso que el pueblo no ha sido tomado en cuenta. Una vez que sea aprobada la ANC, vamos a ir a elección para que el pueblo, como máximo representante con voto popular, dé o no su aprobación a la nueva Constitución redactada. Como venezolano, vamos a aprobar la ANC 2017. Esto no es de capricho: es de patria, es una necesidad”.

Por otra parte, recalcó que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano autorizado para interpretar la Constitución y las leyes. “El TSJ es el máximo intérprete de la Carta Magna […] Las interpretaciones de los demás se respetan, pero no se acatan si no están sujetas a lo constitucional, porque de manera errada algunas personas, con derecho legítimo como personas, presentan recursos inválidos ante el TSJ que se apartan de la Constitución. Esto indica que todo esto tiene un fondo oscuro sobre las mentes de esas personas, pero va a esclarecerse. La paz viene”, concluyó, reiterando a la vez que con la aprobación de la ANC, la CGR aplicará un plan anticorrupción que fortalecerá los mecanismos de prevención y sanción, como tal es el caso de la solicitud de medidas cautelares previas a una sanción.